03 Dic Resolución del I Comité de la UJP-UGT

Resolución del Primer Comité de la UJP-UGT celebrado el día 30 de noviembre y 1 de diciembre en Madrid

En próximas fechas será una realidad la reforma del actual sistema de pensiones públicas, reforma que se inició el pasado año mediante las diferentes recomendaciones realizadas en el seno del Pacto de Toledo, que ha continuado con los acuerdos logrados en la Mesa del dialogo Social y definitivamente ha sido enriquecida por diferentes enmiendas transaccionales acordadas por el PSOE con sus socios de gobierno, y que una vez iniciada su tramitación serán enviadas al Senado para su aprobación definitiva.

Desde la UJP-UGT consideramos que se han producido avances positivos, de profundo calado, que han situado al SPP de nuestro país, en una situación totalmente diferente a la vivida en los últimos años y que nos acercan a disponer de una reforma muy cercana a los planteamientos que desde nuestra organización hemos venido defendiendo en los últimos años.

La derogación  de la Reforma del PP del año 2013, la garantía de revalorización de las pensiones, impidiendo que estas pierdan poder adquisitivo, las medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema, avaladas por la separación contable de fuentes, los denominados gastos impropios, ya imputados, en una parte en los Presupuestos Generales del Estado, la derogación del Factor de Sostenibilidad sustituyéndolo por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional y la aprobación, a pesar de los ímprobos esfuerzos de alguna que otra organización por hacerla imposible, de la necesaria auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, nos acerca sin duda a nuestras reivindicaciones. Es importante destacar en este punto, que como acertadamente exigíamos, en nuestro 14 Congreso Estatal, en nuestro 43 Congreso Confederal, así como por otros organismos de la UGT, debe realizarse una auditoría más amplia en fechas y conceptos que la contenida en el informe de gestión del Tribunal de Cuentas, pues la auditoría aprobada, debe realizarse un mes después de aprobarse la reforma y abarcará los años que van del 1967 al 2019 y deberán fiscalizarse todos los ingresos provenientes de las cotizaciones sociales y los gastos de la Seguridad Social tanto los de naturaleza contributiva como los de naturaleza no contributiva.

La adecuación económica de las pensiones mínimas en función de las recomendaciones de la Carta Social europea, las pensiones de viudedad de las parejas de hecho, etc., forman parte fundamental de esta nueva reforma que en parte satisface muchas de nuestras reivindicaciones. Nos quedará, como siempre, estar alerta y ver como son ejecutadas cada una de ellas en forma y plazos adecuados.

Sin embargo, quedan cuestiones pendientes, que deberemos de afrontar en un futuro próximo, en línea con los compromisos adquiridos por nuestra organización, como puede ser el tema de las largas carreras de cotización, que si bien es cierto que en el acuerdo suscrito se refleja y da solución a algunas de las personas afectadas, para nada ha resuelto la injusticia social, que esta situación supone para la gran mayoría de este colectivo.

El aumento de la pobreza observado en el último año y medio, en una parte por la pandemia y en otra por las cuantías de las pensiones, nos debe de obligar a seguir trabajando, puesto que no nos podemos permitir que el 60% de los pensionistas de nuestro país estén en el umbral de la pobreza y otros ya en pobreza extrema.

El aumento de la cuantía de las pensiones mínimas, debe de ser una cuestión prioritaria para nuestro Sindicato, obviamente sin que el aumento de estas, pueda poner en riesgo, ninguno de los puntos firmados en el nuevo acuerdo sobre pensiones, si no que se deberá de afrontar a través de la instrumentalización de mecanismos por parte del Gobierno y con fondos adicionales desde los PGE.

La soledad no deseada ha sido sin duda otro de nuestros centros de análisis y reivindicación, soledad que se ha visto incrementada por la pandemia y que ha incrementado de forma notable el número de suicidios entre miembros de nuestro colectivo. Luchar contra la soledad y crear programas que la combatan debe seguir siendo un elemento fundamental de nuestra organización.

Los cuidados, la dependencia, en definitiva, nuestras políticas socio sanitarias, son sin duda otro eje vertebrador de nuestra política social y sindical, hemos detectado y denunciado:

1.- Fallos regulatorios por falta de delimitación de competencias entre los tres niveles de la administración (Estado, CC.AA., corporaciones locales) y por una infra financiación estructural de la atención a la dependencia,

2.- Fallos en la financiación, los salarios y la atracción, selección y formación del personal: a pesar de los diferentes modelos, esta normalizado en nuestro país que los trabajadores socio sanitarios cobren salarios bajos, tengan contratos precarios y, en algunos casos, bajas no remuneradas. Esto crea poca atracción por el trabajo, que en sí está poco reconocido, con altísima rotación de profesionales.

3.- Limitaciones infraestructurales lo que dificulta ya de entrada el poder prestar la atención personalizada que dignifica la persona y mejora su calidad de vida, y claramente dificulta la organización de la respuesta a un brote epidémico,

4.- Modelo a menudo centrado sobre aspectos de eficiencia y de organización, que no profundiza en el conocimiento de la historia de vida, preferencias y necesidades particulares de los dependientes. Esto implica una dificultad en la planificación anticipada de la atención a la persona, en base a una toma de decisiones compartida,

5.- Modelo mercantil, por el cual el sector de socio sanitario ha atraído, en los últimos años, un modelo de negocio con importantes beneficios para empresas privadas, sin que el control y la regulación pública haya exigido, de forma estricta y rigurosa, un control de calidad exhaustivo.

En este sentido el Comité Estatal de la UJP, exige medidas que den solución a este problema estructural de nuestras políticas sanitarias y en consecuencia proponen:

– Que la reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del incremento de la financiación.

– Que deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los procedimientos y evitar los servicios de bajo coste fomentando el empleo formal, evitando la precariedad actual.

Considera:

– Que con los 623 millones de euros, de incremento del presupuesto en dependencia, se puede conseguir eliminar la lista de espera en once comunidades en este año y reducirla considerablemente en el resto, pero es claramente insuficiente para atender las necesidades que tienen las personas dependientes.

– Que los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional, deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia.

En definitiva, debemos caminar hacia un modelo profesional y de gestión y control público, acabando con la economía de los servicios de bajo coste y la informalidad, como única manera de acabar con la brecha de género en nuestro modelo asistencial. Es necesario invertir, en igualdad, en cuidados, en capacitación, en empleos dignos, si queremos dar el servicio que nos exigen nuestros dependientes, sean o no personas mayores, invertir para cambiar el modelo de atención y para diseñar un modelo que tenga como única centralidad a la persona.

El envejecimiento de la población, como ampliación de la esperanza de vida, es uno de los mayores triunfos de la humanidad y también uno de nuestros mayores desafíos. Por ello, las personas mayores de todos los países siguen siendo un recurso vital para sus familias y comunidades. Por lo tanto, los gobiernos deben fijar políticas que den solución a este reto que nos plantea la historia: envejecer de forma activa. Sin avergonzarnos de que lo hacemos, envejecer desde la utilidad que aporta nuestra experiencia, envejecer desde la dignidad que merece nuestro pasado, envejecer desde la solidaridad y la reivindicación, como parte de la solución a muchos de los problemas que tiene la sociedad actual.

Por otra parte el Comité Estatal considera más necesario que nunca, acelerar el proceso de puesta en marcha del Consejo Estatal de Personas Mayores, para que pueda empezar a cumplir con su cometido y entre otras cuestiones, iniciar en su seno el debate que defina la futura Ley de derechos de la Persona Mayor.

Así mismo, ante las graves consecuencias que las personas mayores hemos sufrido por la deficiente atención y falta de cumplimiento de las medidas necesarias para reducir las consecuencias de la COVID19 en las Residencias de mayores y que ha supuesto la pérdida de muchas vidas, desde la UJP- UGT exigimos que las diferentes administraciones doten de los medios económicos y humanos suficientes y adopten los mecanismos necesarios para garantizar la salud y buena atención a las personas mayores.

Igualmente, en tanto no exista una Banca Pública, desde UJP-UGT exigimos un acuerdo de las entidades financieras y la Federación de Municipios y Provincias que dote de cajeros automáticos ubicados en instalaciones municipales en las localidades donde no existan oficinas financieras, a fin de facilitar a los mayores y consecuentemente al resto de ciudadanos, el poder disponer de efectivo sin tener que desplazarse a las grandes ciudades.

Finalmente, el Comité Estatal considera que a pesar de las dificultades hemos avanzado mucho camino, pero no todo el necesario para alcanzar un futuro más solidario, más igualitario, más fraternal y en paz.

Por todo ello considera necesario que ampliemos nuestro espectro social, haciendo más transversales nuestras reivindicaciones, sumando a más actores a nuestra lucha, políticos, sociales, sindicales, jóvenes, mujeres… Para seguir avanzando, por conseguir otro mundo diferente, donde podamos vivir con dignidad y hacer realidad nuestros sueños, puesto que al final, socialismo es libertad.