16 Jun Fiscal y UGT piden derogar la dispensa a familiares en el maltrato a mayores

16/06/2017

La Fiscal delegada de Andalucía de Violencia a la Mujer y Contra la Discriminación sexual y de Género, Flor de Torres, y el sindicato UGT han coincidido hoy en solicitar la derogación por «obsoleto» del artículo 416 del Código Penal sobre la dispensa a familiares en caso de maltrato a personas mayores.

El Consejo Andaluz de Personas Mayores también se ha posicionado en el mismo sentido en unas jornadas organizadas por el central sindical que han coincidido con la celebración del Día Mundial contra el abuso y maltrato en la vejez y en la que han intervenido también profesores universitarios de Psicología y Psicogerontología.

El referido artículo del Código Penal recoge que «están dispensados» los parientes en casos de maltrato a mayores, lo que la fiscal considera una traba y ha añadido que los datos del ministerio público revelan que los abusos y maltratos hacia las personas de la tercera edad se producen casi exclusivamente en ese ámbito familiar.

Flor de Torres ha resaltado de su experiencia que de un millar de casos de este tipo investigados en ninguno el denunciante es la persona mayor.

La fiscal considera que hay que dar luz a «un delito invisible», que no se ve reflejado en los datos oficiales, por lo que es contundente al asegurar que son insuficientes los datos del Ministerio del Interior de que un tres por ciento de los mayores sufren abusos o maltratos.

En este sentido, sostiene que esa cifra se eleva a un cinco por ciento y destaca la dificultad de la detección de este tipo de casos porque al mayor se la maltrata también con amenazas e intimidación.

Para De Torres, el mayor «es una macrovíctima en situación de victimización a la que le somete su propio cuidador», vulnerando derechos fundamentales de la Constitución como el de la dignidad, la igualdad y el de integridad física.

Por su parte, el secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos de la UGT en Málaga, Francisco Martínez, se une a la petición de derogación de este artículo y hace un llamamiento a la sociedad a frenar estos hechos.

La vicepresidenta del Consejo Andaluz de Personas Mayores, María Cruz Mariscal, y la UGT piden que se active un número de teléfono de carácter nacional para atender estos casos porque en muchas comunidades autónomas dada la magnitud del problema.

Esta representante precisa que en Andalucía se han registrado casi 4.000 llamadas de estos casos de alto riesgo.

La fiscal, la UGT y el Consejo Andaluz de Mayores coinciden en que se trata de un problema que hay que hacerlo visible a través de una ley integral.

Noticia extraída de Diario Sur. 15/06/2017