03 Jun Escrivá prevé que los españoles tengan una hucha igual al 25% del PIB para su jubilación en una década

02/06/2022

Augura que la ley de planes de pensiones de empleo esté aprobada en julio y se pongan en marcha en 2023

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, espera que los españoles dispongan de una hucha de ahorro para la jubilación por un montante equivalente al 25% del PIB dentro de una década frente al exiguo 2% actual gracias a la futura ley de planes de pensiones de empleo.

Su estimación la ofreció durante la clausura del ’11 IESE Insurance’ organizado por el IESE Business School y EY, escasos minutos después de que el dictamen del texto superase el proceso en el Congreso con 19 votos a favor, 12 en contra y 6 abstenciones. Será elevado al Pleno «probablemente» el día 9 y Escrivá confía que obtenga una mayoría «suficiente» o, incluso, «superior» en la Cámara Baja.

La ley podría estar lista a principios de julio, una vez que pase el trámite en el Senado y sin que se introduzcan cambios, y tras los correspondientes desarrollos reglamentarios estimó que «a principios del año 2023» podría estar «el nuevo marco de referencia de los planes de empleo completamente en marcha».

El ministro expuso que es una ley «muy ambiciosa», donde se ha primado buscar acuerdos y consensos porque es una reforma que deberá «desplegarse en décadas y afectar a los ciudadanos de varias generaciones». El Gobierno la incluyó además entre los hitos a cumplir del plan de recuperación para «restablecer«, según Escrivá, la confianza en materia de pensiones, al establecer su aprobación entre los condicionantes para que lleguen los recursos del ‘NextGenerationUE’.

Durante su intervención expuso la necesidad de la reforma para alentar el ahorro de cara al retiro y de forma particular en el ámbito de la empresa: «A pesar de que tenemos tres décadas de vigencia de un marco normativo para que se construyan los fondos de pensiones en el contexto de la negociación colectiva y de la empresa, su patrimonio bajo gestión y su desarrollo es muy insatisfactorio. Alcanzaron algo más del 2% del PIB, cifra verdaderamente baja, y llevamos casi dos décadas sin crecer más», denunció.

Al estar en un foro de seguros y frente a las críticas recibidas del sector por desincentivar fiscalmente los planes de pensiones individuales con el argumento de favorecer los colectivos, Escrivá afirmó que el cambio se realiza tras «constar que el dinero público que se perdía no estaba justificado» porque las desgravaciones las copaban un número reducido de ciudadanos, los de mayores rentas.

La decisión del Gobierno ha sido bajar a 1.500 euros máximos las desgravaciones en planes de pensiones individuales frente a los 2.000 fijados en 2021 y los 8.000 previos para alentar su migración a planes colectivos, donde entre empresa y trabajador se puede llegar a los 10.000 euros.

Con datos de la AiREF expuso que el coste fiscal era de 1.643 millones, con una «concentración enorme en rentas más altas, de una forma abrumadora» ya que el 10% de los suscriptores de estos productos obtienen dos terceras partes de los beneficios.

El ministro arremetió además contra las entidades por poner el esfuerzo en comercializar fondos individuales, que tachó de «producto caro con comisiones por encima del 1%», en lugar de aplicar una visión a largo plazo y fomentar la oferta de planes colectivos, cuya comisión está «por debajo del 0,3%», pero donde se puede hacer margen con más volumen.

«No ha habido incentivos muy grandes a la comercialización por parte de las entidades financieras. El sesgo al cortoplacista existe y a veces emana en la propia estructura de remuneraciones que existe en el propio sector», denunció.

Aprovechó la intervención para exponer que se han introducido incentivos en la suscripción de los productos para los autónomos, elevando su tope de desgravación hasta los 5.750 euros en planes colectivos; y a las empresas, hasta los 1.380 euros anuales por trabajador, de forma que esa contribución es menos onerosa que la nómina al no tener que cotizar por la Seguridad Social.

«Creemos que hemos generado incentivos suficientes y la renuncia a ingresos públicos es importante porque pensamos que sí hay un objetivo a largo plazo general que lo justifique de expandir el ahorro», refirió. Si bien reconoció que no se puede imponer a la empresa que haga hucha para sus empleados porque la Constitución «lo pone difícil», valoró que la vía abierta de que las empresas tengan que adherirse si se determina su creación en la negociación colectiva.

Al respecto se felicitó porque el sector de la construcción, donde hay 1,3 millones de trabajadores, haya dado el paso para crear estos fondos colectivos, al que le podrían seguir otros. «Hay más sectores como el de la construcción que están interesados», deslizó.

Noticia extraída de El Economista. 02/06/2022