El escollo de la normativa

Este escollo ha agravado las tensas relaciones con la Administración. Interpretan que la conclusión suena a «chantaje»: No hay subida de ratio de personal ni de precio por plaza si no cambia el modelo de atención. Cuentan que, después de unos años de rodaje, las diferentes asociaciones se prestaron a mejorar aquellos aspectos que se habían quedado más cojos de la normativa vigente, «porque es cierto que había desajustes». Algunos centros de atención a la discapacidad seguían sin la pertinente acreditación una vez expirado el plazo marcado por el Ejecutivo para ponerse al día.

Al inicio de la legislatura bipartita, con la Política Social de nuevo bajo mandato socialista -el mismo partido que impulsó la implantación de la ley de dependencia-, el sector trasladó sus propias propuestas de mejora, con la esperanza de recibir una solución a «los diversos problemas que se han ido enquistando con los años»: financiación insuficiente para mantener criterios de calidad realistas, ratios de personal excesivamente ajustados, falta de planificación de la futura red de recursos de atención a la dependencia, descoordinación con el Servicio Cántabro de Salud y una gestión farmacéutica «no regulada debidamente», que genera desigualdad en función de la ubicación de los centros. «Eso hace que usuarios de la zona occidental de Cantabria reciban medicamentos por parte del SCS, por los que no copagan, y que residentes de los municipios orientales sí tengan que pagar por esos mismos fármacos», denuncia Mateo.

Con todos estos asuntos sobre la mesa de negociación, «de repente hubo un giro y la Administración, de forma unilateral, dio por terminado el diálogo y nos presentó un borrador que no tenía nada que ver con nuestras propuestas». Y lo más grave -argumentan-, «sin un estudio económico y sin especificar la plantilla que requieren los centros», los dos puntos que juzgan claves. «Se nos planteó un modelo normativo, que no es nuevo y que nos parece bienvenido, pero que pondría al límite del cierre a numerosos centros», porque «lo profundamente desacertado es el enfoque y desarrollo que prevé la Administración». Por ello, el sector reclama «estabilidad», porque cualquier adaptación a los nuevos requisitos de las instalaciones lleva parejo un desembolso en empresas que ya tienen una hipoteca a cuestas y que no han amortizado sus inversiones.

Los representantes de las tres organizaciones recuerdan que, tres años después, «no solo no hemos apreciado mejora sino que, en la práctica, las relaciones con la Consejería de Política Social nos han llevado a un profundo escepticismo en cuanto a la resolución de los grandes retos que afrontábamos». Echan en falta que no se haya hecho una planificación de las necesidades de recursos, más allá del mapa estimativo publicado «justo el pasado marzo», que cifra en 586 las plazas residenciales precisas para garantizar la cobertura de los mayores y en 49 las destinadas a la discapacidad.

La «preocupación» de los empresarios es que esto puede provocar inviabilidad, sobre todo en centros de zonas rurales, y poner en peligro su continuidad. «Si ofreces más plazas de las que se necesitan, a la fuerza se va a encarecer el recurso que das», señala Pandal. «En estos momentos, una de nuestras residencias del ámbito rural genera pérdidas, que vamos paliando con el cómputo del resto del grupo», añade Mateo. Una realidad en la que coincide Gema de la Concha (Lares): «Este año, por primera vez, estamos en déficit». En este sentido, Otero advierte que «ningún centro generaría pérdidas si nos ajustáramos a lo que dice la normativa», pero «el problema es que nos vemos obligados a reforzar nuestra plantilla con médicos y enfermeros porque la exigencia de nuestros mayores cada vez es mayor».

El colectivo de atención a la dependencia admite que cuando los recursos económicos son «limitados», ese adjetivo se traslada irremediablemente a las condiciones laborales. «Existe un claro déficit de profesionales. Nos cuesta encontrar a gente para trabajar en nuestros centros, cuando lo que les podemos ofrecer es un sueldo bajo y encima se exponen a una gran sobrecarga», señala María Fernández-Rosillo (PAD). Una consecuencia derivada de esta precariedad laboral es la «alta tasa de absentismo: el 17%». Las asociaciones recuerdan que cuando se bajaron los precios por plaza, en 2012, hubo que reducir la ratio de personal para que los centros fueran sostenibles. En definitiva, recortar en sueldos para compensar el tijeretazo en ingresos. «Llevamos años aguantando, pero ya no podemos más», claman.

19.737 personas dependientes se cuentan en Cantabria, a fecha de marzo de 2018, un 4,8% más que la cifra registrada en julio de 2015, cuando cambió el Gobierno.

15.217 dependientes se benefician de algún tipo de prestación, un 11% más que al cierre de la legislatura del PP, según los datos aportados desde Servicios Sociales.

516 nuevas plazas se han concertado en residencias y centros de día desde julio de 2015, de tal forma que suman 781 en total, entre mayores y discapacidad.

8.610 familias reciben una prestación económica para el cuidado del dependiente en su domicilio, frente a los 7.759 que cobraban esta ayuda hace tres años.

500 personas están en lista de espera para residencias. El Icass aclara que ahí se incluyen las personas que rechazan la opción ofertada porque prefieren otro centro.