28 Jun Residencias alertan de que el decreto de dependencia del Consell contradice la ley nacional

28/06/2017

La figura del cuidador no profesional de dependientes, rebautizada como cuidador familiar en el nuevo decreto aprobado por la Generalitat, puede suponer un escollo para el encaje legal de la norma autonómica con la nacional. De hecho, desde la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) advierten de que existe incompatibilidad entre ambas legislaciones por lo que, a través de sus servicios jurídicos, van a recurrir la norma.

En concreto, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que los servicios profesionales previstos para los beneficiarios (residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, etc.) «tendrán carácter prioritario», mientras que la «prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales» se aprobará de forma excepcional y siempre cumpliendo una serie de requisitos.

Por contra, el decreto 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas omite este carácter excepcional en la opción de los cuidadores familiares y amplía el abanico de posibilidades para optar a este tipo de ayuda hasta tal punto que, incluso, la pueden desarrollar cuidadores no familiares que, si no tienen formación sobre este ámbito, se comprometan a realizarla.

Con esta nueva modalidad, desde Aerte temen que la figura del cuidador no profesional termine por consolidarse como la figura predominante en la concesión de este tipo de ayudas. De hecho, y pese a la normativa estatal, de las cerca de 10.000 nuevas prestaciones concedidas en la Comunitat en estos dos últimos años, más del 85 % están destinadas a cuidados en el entorno familiar. Así, en mayo de 2015, el 44 % de las prestaciones concedidas en la región eran a cuidadores no profesionales, un porcentaje muy próximo a la media nacional (de casi el 39 %) y por debajo del que presentaban hasta nueve autonomías. En estos dos años, y cumpliendo con lo que marca la ley nacional, la media de España de cuidadores no profesionales ha ido descendiendo (hasta el 33 %) mientras que la valenciana supera ya el 51 %. Sólo las Islas Baleares, Murcia y Navarra cuentan ahora con un porcentaje mayor que la Comunitat. Esta tendencia, que ya ha recibido críticas por el sector profesional, recibe un espaldarazo con el nuevo decreto autonómico.

LA CIFRA: 9.042 prestaciones para cuidadores familiares se han otorgado en la Comunitat de mayo de 2015 a mayo de 2017, el 86% del total de ayudas concedidas.

Sobre ello, José María Toro, director general de Aerte, apuntó que «el principal problema que encontramos es el nuevo enfoque que se da al cuidador en el ámbito familiar». Al respecto, subrayó que «el papel de la familia en la atención a dependientes es fundamental, pero la ley, lo que pretendía precisamente era superar el modelo de cuidados familiares y ofrecer una atención profesionalizada con servicios de ayuda a domicilio, centros de día o residencias». Toro insistió en que el cuidador familiar «se recoge como un recurso excepcional que puede resolver circunstancias muy concretas». Sin embargo, lamentó, el elevado porcentaje de prestaciones de este tipo que se han resuelto en la Comunitat con el actual Gobierno autonómico.

En relación al nuevo decreto, explicó que «ahora se reducen aún más los requisitos para ser cuidador familiar y se crea una figura de cuidador no profesional y no familiar pero que debe estar dado de alta en la Seguridad Social. Esto parece una contradicción y una vuelta atrás que incluso los sindicatos no ven bien, como así han manifestado en alguna ocasión».

Asimismo, recordó que «antes se reconocía la posibilidad de acogerse al cuidador familiar cuando era imposible contar con un servicio público de atención o no se podía dar una prestación económica para contratar dicho servicio con alguna entidad, y eso ahora se elimina». Por tanto, precisó, «parece que la normativa autonómica contradice la normativa básica estatal en este tema». «Creemos que los ciudadanos tienen derecho a tener un servicio profesional y con ese objetivo vamos a seguir trabajando», añadió.

Toro también apreció que el nuevo decreto de dependencia «tiene aspectos positivos como el de contar con los equipos municipales para intentar reducir los plazos de valoración de la dependencia, el de acortar los plazos legales de la misma o incorporar el silencio administrativo positivo en la solicitud». Sin embargo, lamentó, «no utiliza todos los recursos posibles para llevar a cabo esta reducción». Por ejemplo, precisó, «los trabajadores sociales de las residencias no pueden hacer el informe de entorno de personas que ya son atendidas allí y tiene que hacerlo el técnico del ayuntamiento. Creemos que se desperdicia la oportunidad de trabajar con más recursos que están disponibles».

«Hay un problema de gestión importante, es evidente»

Desde Aerte también quisieron valorar el retraso en la adjudicación de concursos para la gestión de residencias y, especialmente, el de concertación de 3.300 plazas en centros residenciales, pendiente desde principios de año. Sobre ello, el director general, José María Toro, recordó que tres de los trece lotes en los que se dividió el concurso fueron recurridos, pero los diez lotes restantes «se podían haber adjudicado en febrero o marzo, por lo que habríamos empezado hace tres meses a atender a gente que está esperando una plaza». «Eso hubiera sido bueno para reducir la lista de espera de personas que lleva esperando desde hace dos años y nosotros no entendemos por qué no se ha hecho», añadió. Los otros tres lotes, en los que se habían presentados recursos, «se podían haber adjudicado ya tras la resolución de los mismos y no se ha hecho. Tampoco entendemos por qué, pero es evidente que hay un problema de gestión importante». La paralización del resto de concursos (al menos siete) «dificulta el trabajo de las entidades del sector y retrasa mucho todos los pagos de facturas pendientes».

Por su parte, la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, indicó sobre la resolución del concurso que «la pelota está en el tejado de las empresas» y que a algunas de ellas, sobre todo a las que se han presentado por primera vez, «les falta soltura para presentar la documentación, y se les está requiriendo para completar los expedientes». Asimismo, Oltra añadió que, aunque es difícil ofrecer una fecha, espera que los trámites estén resueltos el próximo mes de septiembre «aunque si puede ser antes, mejor».

Noticia extraída de Las Provincias. 26/06/2017