09 Jul Desmantelamiento «calculado» de la Dependencia

Nada apenas hay que contar de la aplicación de una Ley de la Dependencia que llegó con retraso al Estado del Bienestar y que se ha desmantelado de un plumazo. Una gran idea progresista y de justicia social que ahora están desmantelando con la coartada de la crisis del mercado, del capital. En la ‘coyuntura’ actual, según el Gobierno el sistema de dependencia es inasumible, por caro y desarticulado. No se tiene en cuenta que era incipiente y que sin recursos públicos tampoco genera beneficio social o económico. Los jubilados y pensionistas de UGT  insisten en que nunca aceptarán estos postulados, alejados de la España social y de oportunidades.

Los estudios que justifican el sistema de dependencia avalan que el desarrollo del cuarto pilar del Estado del Bienestar crea un tejido económico y social capaz de mantenerlo. UJP recuerda que, además de servir para la dignidad y la atención de los dependientes y los más necesitados, también suponía reconocer y sacar del trabajo sumergido a miles de personas que desarrollan una labor callada de cuidar familiares discapacitados. Vuelven a no cotizar o a tener que abandonar el trabajo, con lo que supone para la Seguridad Social y sus propias cotizaciones. Al tiempo, se cercenan oportunidades sociales, laborales y económicas en pueblos y ciudades abandonados por la acción política y por los más jóvenes, por la falta de oportunidades y un escaso empleo que el sistema de dependencia fortalecía; en especial entre otro colectivo desfavorecido, el femenino.

El sindicato viene insistiendo desde hace tiempo en que el desmantelamiento de la Ley de Dependencia está teniendo consecuencias. Se está abandonando a los mayores de esta comunidad autónoma a su suerte. Cada día se incrementa el
número de personas halladas muertas en su casa, a veces días y días después de que nadie las eche de menos. Porque se ha recortado la teleasistencia, la familia ha emigrado, la pensión exigua no da para un cuidador, la asistencia domiciliaria es cada vez más corta e inaccesible, la ciudad más inhumana y el mundo rural más deshabitado.

En noviembre de 2011 eran 1.050.000 las personas dependientes con derechos a ser atendidos, mientras que en noviembre de 2013 el número se reducía, en solo 2 años, en 105.000 personas menos, a las que no se les reconoce el derecho a las atenciones a la ley de dependencia.

También se han reducido las cuantías de 400.000 prestaciones económicas, y 170.000 cuidadores familiares que han dejado de cotizar a la seguridad social. En los presupuestos generales del estado de 2013 redujeron en treinta millones menos, los destinados al Ministerio de Servios Sociales y Sanidad, y de los que se beneficiaban personas mayores y dependientes que viven solos.

Hay menos beneficiarios; menos grandes dependientes; menos dictámenes, y actualmente, hay 227.780 personas que están en el «limbo» y tienen reconocido el derecho, pero permanecen a la espera del Certificado del Programa Individual de Atención (PIA).

La actitud de todos los gobiernos autonómicos y estatal,  no han dejado de crear conflictos innecesarios a las personas mayores dependientes y a sus familias recortando derechos y partidas presupuestarias allí donde no es necesario, rebajando las prestaciones que otorgaba la Ley de Dependencia, y reduciendo partidas presupuestarias a los Centros y los servicios.

Esta situación nos lleva a pensar que el sistema de Atención a la Dependencia, tiene fecha de cierre con el fallecimiento de los actuales beneficiarios y la falta de atención aquellos que tienen el derecho reconocido.