17 Abr UGT ve «propaganda» en la supresión del copago a pensionistas precarios

La Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT ha tachado hoy de “electoralista y propagandística” la orden puesta en marcha por la Junta de Castilla y León y publicada en el BOCYL del 26 de mayo para regular ayudas destinadas a los pensionistas en situación de precariedad económica y con dificultades para costearse fármacos.

Por boca de Anatolio Díez, secretario estatal de su división de Jubilados y Pensionistas, UGT ha mostrado su decepción con una norma que “se aleja mucho de los planteamientos iniciales” que el sindicato le planteó a la Junta en 2014 y que establecían los 8.144 euros anuales como renta tope para que los pensionistas pudieran acceder a dichas ayudas, renta que el Gobierno regional ha rebajado a 4.900.

Así las cosas, denuncia el sindicato que “con las condiciones estipuladas por la Junta sólo se beneficiarán de estas ayudas unos 15.000 pensionistas de toda Castilla y León, mientras que con el planteamiento inicial, la cobertura podría alcanzar los 150.000”. Una cifra que, como referencia, supone prácticamente el número de pensionistas contabilizados en abril en la provincia de León (concretamente 142.394, con una pensión media de 858 euros).

Reprocha también UGT al Gobierno regional que la norma no articule mecanismos “para que los pensionistas no tengan que adelantar el coste de los medicamentos” a la hora de ir a la farmacia y que “no establezca la devolución de oficio de esos importes, siendo necesario solicitarlos a año vencido”.

De otra parte, Anatolio Díez sí ha reconocido su satisfacción por que la Junta “se desmarque del Gobierno, reconociendo que hay personas en Castilla y León que necesitan ayuda”, a la par que ha anunciado que el sindicato ya ha iniciado contactos para reivindicar la mejora de esta norma a través del diálogo social.

El Constitucional, como “baluarte de las decisiones del Gobierno”

El secretario estatal de Jubilados y Pensionistas de UGT también ha mostrado el malestar del sindicato con el reciente rechazo del Tribunal Constitucional al Recurso de Inconstitucionalidad presentado en su día por 146 diputados nacionales contra la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de dejar sin efecto la actualización de las pensiones de 2012 y suspender la revalorización en 2013.

Acusa Anatolio Díez al Constitucional de tomar una decisión que “vulnera derechos” y “se apoya más en argumentos políticos que jurídicos”, utilizando “argumentos peligrosos para la integridad futura de las pensiones y el recorte de los derechos individuales”. Además, acusa al Constitucional de actuar como “baluarte de las decisiones del Gobierno que priorizan las políticas neoliberales por encima del bienestar social”.

En ese sentido, anuncia el sindicato una ronda de contactos con los diputados de PSOE, IU, UPyD y CIU que apoyaron el Recurso de Inconstitucionalidad, además de con representantes de Podemos y Ciudadanos, a fin de estudiar la posibilidad de “sacar el proceso fuera de nuestras fronteras”.

Por último, Anatolio Díez ha expresado su preocupación por el “alarmante descenso” del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, hasta el punto de vaticinar que “de seguir el Gobierno de Rajoy con las mismas actitudes, en dos o tres años nos quedaremos sin fondo de reservar para actualizar las pensiones”. Denuncia el sindicalista que el Fondo se constituyó para situaciones de riesgo, pero bajo la premisa de no utilizar más de 3.000 millones anuales, premisa que “el Gobierno ha anulado, para intentar salvar la crisis” utilizando los recursos de este Fondo.